Es claro que un Estado se legitima por sus prácticas y que la institucionalidad debe sacrificar a sus peones, si fuera necesario, para demostrar que su vocación es adecentar la función pública. No debe quedar cabos sin atar ni dudas. Sin embargo, la pasividad y la probable concesión de Gana Perú a Chehade no colaboran a asumir que éste es, precisamente, el Gobierno de la gran transformación.

Nefasto sería que el Gobierno asumiera la gran transformación como un cambio en la línea económica, pues en unos años seríamos con Venezuela una economía inflacionaria. Sin embargo, quienes creemos en la honradez de la política sí asumimos que la "Gran Transformación" es una tarea pendiente y lo es en aquellos aspectos que atañen a la ética pública.

A Ollanta Humala no debe temblarle la mano en asumir posiciones duras contra la corrupción y la doblez, debe espantar toda sospecha apoyando la sanción más drástica a aquel o aquellos que traicionaron su voluntad y pretendieron ser los seguidores de la vieja política del tráfico de influencias, el aprovechamiento del poder y el más burdo mercantilismo. Esa es la transformación real y prioritaria que los peruanos esperamos de nuestro Estado y nuestros gobernantes ¿Será?